El viernes 14 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó la séptima prórroga del régimen de excepción, activo desde el pasado 27 de marzo de 2022 y que, hasta esta fecha, lleva vigente un total de 203 días consecutivos.
El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, defendió la medida alegando que, en los más de seis meses de vigencia del régimen de excepción, se ha capturado a más de 55,000 personas, se han confiscado más de 1,644 armas de fuego, más de 2,026 vehículos ocupados en hechos delictivos, 12,842 teléfonos celulares y $1.24 millones incautados a grupos criminales.
Paralelo a las cifras que el gobierno expone como conquistas, las organizaciones de la sociedad civil advierten que existen otros números que dan cuenta de graves violaciones a Derechos Humanos que las autoridades oficialistas no comparten pues dejan al descubierto una, cada vez más evidente, crisis en el sistema de seguridad pública.
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Siendo una de las más preocupantes las más de 80 muertes de personas, mientras permanecían detenidas en prisiones administradas por el gobierno salvadoreño y durante las semanas de vigencia del régimen de excepción. Cifra actualizada hasta el 05 de octubre por la organización civil, Cristosal.
Para Juan Carlos Torres, director de la Maestría en en políticas para la prevención de violencia y cultura de paz, de la Universidad Don Bosco en El Salvador, esas crisis al interior del aparato de seguridad pública son un remanente de la saturación a la que el sistema se ha visto expuesto, frente a capturas masivas y el desborde de las capacidades del complejo judicial y carcelario.
“El Estado está violando los Derechos Humanos y está generando una especie de violencia”, dice y expone que esa crisis carcelaria, que también proviene de una crisis en el sistema de justicia, a quienes realmente afecta es a las familias de las personas capturadas.
Sobre este punto, hace unas semanas, la organización internacional, Crisis Group, especializada en la prevención de conflictos, se refirió al catalogar a la crisis penitenciaria como una crisis humanitaria en un informe sobre la situación de derechos humanos en El Salvador.
“Este informe examina el giro del presidente Bukele de la negociación con las pandillas a una represión a gran escala y evalúa los riesgos de que haya una mayor violencia”, expuso el documento.
Estrategias a largo plazo
Juan Carlos Torres opina que los problemas de violencia en El Salvador no se detendrán con el régimen de excepción, sin importar cuántas veces se prorrogue. Es más, advierte que el gobierno salvadoreño debe alejarse de considerar a esta medida como una estrategia de seguridad pública o una acción que se extenderá en el largo plazo.
Él defiende que el régimen de excepción es solo una figura jurídica que permite al gobierno tomar acciones puntuales para el combate a la delincuencia y violencia y que cualquier otra interpretación es errónea. Juan Carlos sostiene que con la captura de pandilleros “solo se está atendiendo una arista del problema” y no deben descuidarse el resto.
Prórrogas de la excepción
Celia Medrano, defensora de Derechos Humanos, dice que no es una estrategia de seguridad la prórroga automática del régimen de excepción. “Es más claro, cada vez, de que se trata de una medida de control social que consolida poder en base al miedo”, analiza la experta.
“Los seres humanos no podemos vivir bajo una tensión permanente”, es la opinión de Juan Carlos Torres sobre las constantes extensiones del régimen de excepción, cuya séptima prórroga fue aprobada el pasado viernes y que, en su opinión, causa efectos adversos en las familias de los detenidos, sus círculos cercanos y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública.
“El régimen de excepción está golpeando a las pandillas pero también está golpeando a nuestros cuerpos de seguridad”, señala Torres. “El régimen de excepción debería ir buscando otras salidas alternas a este tipo de enfrentamientos”, agrega y se refiere a que la medida debe evolucionar en otra clase de estrategias que busquen y consigan la paz.
“No es sano para ninguna persona ni para el país imponer un régimen de excepción permanente”, opina Celia Medrano y dice que, a medida que las personas viven en carne propia las consecuencias de militarizar la seguridad pública, dejarán de apoyar la medida y reaccionarán sobre los abusos.
“Entenderán que ninguna seguridad puede asegurarse a costa de que se permita lesionar los derechos y dignidad de los otros”, señala.
Juan Carlos Torres está convencido que, si bien el régimen de excepción le ha funcionado al gobierno “no puede ser una estrategia permanente”. Agrega que el gobierno debe escuchar a la gente y considerar la opinión y necesidades de todos.
“Si no se atienden los problemas estructurales, no veo que nuestra seguridad sea permanente”, insiste el experto sobre la atención a otros puntos que solo una estrategia podrá identificar y atacar porque el encierro de los pandilleros no significa el fin de la violencia.
La seguridad ciudadana, los espacios seguros y el fortalecimiento de las instituciones son vitales para evitar el deterioro social. Juan Carlos opina que la igualdad, la equidad y el respeto a los Derechos Humanos deben primar ante todo.