La Asamblea Legislativa aprobó este viernes 14 de octubre, la séptima prórroga del régimen de excepción en El Salvador. La votación fue 67 votos a favor y 14 en contra.
Más temprano, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, llegó al Órgano Legislativo, a entregar al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, la iniciativa de ley junto a funcionarios del Gabinete de Seguridad: el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas y el Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.
Villatoro alegó que en los más de seis meses de vigencia del régimen han logrado la captura de más de 55,000 pandilleros, más de 1,644 armas de fuego, más de 2,026 vehículos ocupados en hechos delictivos, 12,842 teléfonos celulares y $1.24 millones incautados a los grupos criminales.
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Aseguró que la ampliación del mecanismo que suspende los derechos fundamentales de la población va “apalancada” por los ciudadanos que miran los resultados obtenidos tras su implementación desde el pasado 27 de marzo de 2022.
“Parece mentira que hace menos de siete meses de haber iniciado esta guerra en contra de las pandillas, los resultados son innegables. Además, contabilizamos a esta fecha 214 días sin homicidios, la mayoría de los cuales han sido dentro del régimen de excepción y que nos ha permitido como país poder salir de esa lista negra internacional en la que nos encontrábamos, hace menos de 4 años éramos uno de los países más violentos del mundo”, afirmó Villatoro.
Sin embargo, las denuncias de muchos salvadoreños que han llegado hasta instancias internacionales dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos, de personas que han sido capturadas de forma arbitraria.
Cristosal, uno de los organismos que dan respaldo jurídico a las personas detenidas injustificadamente tienen contabilizados que a la fecha hay fallecido 30 personas recluidos en las cárceles o en los hospitales sin que sus familiares hayan sido informados debidamente de su estado de salud.
Además de las muertes, cinco organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han recabado al menos 1,123 denuncias sobre abusos de poder cometidos por agentes del Estado durante los primeros dos meses del régimen de excepción.
A través de una publicación en redes sociales, las organizaciones informaron que “la mayoría de los casos registrados son por detenciones arbitrarias, donde el perfil de la víctima es principalmente masculino, entre los 18 y 30 años. Hasta el 25 de mayo, Cristosal atendió casos de 798 personas”.
Este punto será debatido en la plenaria este viernes por la tarde. Para aprobarlo se requieren de 63 votos de los diputados, ya que se trata de un decreto que suspende las garantías constitucionales, sin embargo, aunque la oposición no vote a favor, tal como ya lo manifestaron, el partido oficialista junto a sus partidos aliados GANA, PCN y PDC cuenta con los votos suficientes para prorrogar el régimen de excepción por séptima vez.