El decreto de exoneración de impuestos a las donaciones que aprobó la Asamblea Legislativa en el marco de la emergencia por la tormenta Julia, la noche del martes 11 de octubre de 2022, es “proclive a corrupción”, manifiesta el economista Rafael Lemus.
Según lo avalado por los diputados, las compras que haga el gobierno con el dinero de donaciones también estarán exentas del pago de tributos, es decir, a los particulares que el Ejecutivo decida contratar para servicios o adquisición de bienes no estarán sujetos a pagar los respectivos impuestos.
En el decreto aprobado por la Asamblea con 82 votos, se establece que además de condonar los impuestos de las donaciones internas y externas para la emergencia decretada desde el pasado 8 de octubre por los diputados, las “importaciones, internaciones y compras locales que realice el Gobierno de El Salvador con fondos provenientes de donaciones para atender la emergencia nacional, gozarán de los mismos beneficios tributarios descritos” en el decreto legislativo.
Aquí es donde Lemus subraya que se deja la puerta abierta a “la corrupción”, según dice, el gobierno ha mostrado desde la pandemia que no tiene intenciones de transparentar los gastos ni rendir cuentas, y limita o impide el acceso a la información de los mismos.
Dado que se trata de una situación de emergencia nacional, las compras que realice el gobierno automáticamente están libres de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Este gobierno, desde la pandemia ha gestionado la mayoría de operaciones bajo FOPROMID (Ley de creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres), con leyes especiales que exoneran de la aplicación de la LACAP, de tal forma que terminan comprando con contratación directa y asignando a dedo sin transparencia y rendición de cuentas, esto es proclive a corrupción”, manifestó Lemus.
El decreto exime de impuestos durante 15 días las donaciones que reciba el Estado, tanto nacionales como internacionales.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que han gestionado ayuda de organismos financieros internacionales para financiar la reconstrucción de las zonas dañadas, sin embargo, aseguró que todavía no se ha cuantificado los daños que dejó la tormenta.
El presidente Nayib Bukele informó en su Twitter que próximamente iniciarán la reconstrucción de toda la infraestructura dañada y que será mejor que como estaba, pero tampoco cuantificó los daños.
Desde marzo de 2022 el gobierno cuenta con un préstamo de contingencia de $400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales, $300 millones están destinados exclusivamente para enfrentar los estragos del fenómeno natural, aseveró Lemus.
“Me parece que $300 millones son un exceso, yo diría incluso que $50 millones es un exceso”, afirmó el experto.
Además, contrasta el millonario préstamo para emergencia con la baja ejecución de fondos de inversión pública en materia ambiental que ha realizado el gobierno en el presente ejercicio fiscal.
“Cuando uno ve los datos de inversión pública es de las peores que hemos tenido, es la peor en los últimos 30 años, no sé de qué hablan cuando justifican que la inversión pública es la que está reflectando la dinámica de la economía, en realidad no sé de qué hablan cuando veo las cifras”, lamentó Lemus.
Además de todo lo anterior, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, hizo ver durante la discusión en el pleno que el dictamen que contiene la exoneración de impuestos detalla como gestores de los recursos a unos ministerios como Relaciones Exteriores y Protección Civil; mientras que en el decreto de emergencia nacional aparecen otros.
De acuerdo a Lemus, esto es una “incoherencia”, aunque no afecte en la aplicación de ambos decretos.