La amenaza de una crisis humanitaria y de derechos humanos permanente en las cárceles debido al aumento de la población penitenciaria y el peligro de un contraataque de las pandillas, advierte un informe realizado por la organización International Crisis Group.
“Este informe examina el giro del presidente Bukele de la negociación con las pandillas a una represión a gran escala y evalúa los riesgos de que haya una mayor violencia”, expone el documento.
La investigación aclara que si bien el gobierno de Bukele ya había recurrido a tácticas de mano dura para responder a los brotes de violencia de las pandillas en sus primeros meses de gestión “ninguna se compara con la actual represión, ni en intensidad ni en duración”.
“Bukele parece estar convencido de haber firmado la sentencia de muerte de las tres principales pandillas del país y rechaza ferozmente las críticas a sus métodos. Pero hay motivos para cuestionar si Bukele tendrá éxito”, señala el documento.
Crisis Group explica una serie de elementos que podrían desencadenar en resultados negativos para la población, al volver a aplicar las estrategias de la mano dura en el país, durante el régimen de excepción y sus prórrogas.
La organización puntualiza que si bien las tasas de homicidios han llegado a mínimos históricos, los enfrentamientos entre pandillas y el personal de seguridad van en aumento. En lo que va del año, la Fuerza Armada ha publicado en su cuenta de Twitter 64 casos de “agresiones ilegítimas” contra su personal por parte de supuestos pandilleros, más 19 reportados por la Policía .
Además, la campaña para arrestar a cualquier persona que tenga, haya tenido o pueda tener algún vínculo con las pandillas y los arrestos masivos de expandilleros que se habían convertido al cristianismo, podría obligar a los expandilleros a volver a delinquir si no les queda otra alternativa, explica el informe.
Agrega que el grave hacinamiento, combinado con la negativa del gobierno a asumir la responsabilidad de lo que ha salido mal, desde muertes bajo custodia hasta arrestos injustificados, podría alimentar las tensiones en las cárceles, dando lugar a motines o fugas.
Según datos recopilados por Cristosal hasta el 5 de octubre, organizaciones sociales y medios de comunicación han documentado 80 muertes de personas mientras permanecían detenidas.
“La situación en las cárceles es particularmente grave. Los pandilleros activos están siendo recluidos junto con jóvenes inocentes y otros que han abandonado las pandillas, incluidos pastores evangélicos que se han propuesto sacar a las personas de la vida de las pandillas a través de la conversión religiosa”, expresa el documento.
Según Crisis Group algunos pastores y expandilleros que han sido detenidos fueron beneficiarios de un proyecto piloto de rehabilitación a cargo de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), con respaldo del gobierno.
El 5 de mayo de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 27 expandilleros de la MS-13 y la pandilla 18 que se encontraban en una iglesia que funcionaba, en la colonia Miramonte, de San Salvador.
La iglesia donde se realizaron las capturas se denomina Ministerio Huellas de Esperanza, un reconocido centro de rehabilitación para exintegrantes de las pandillas fundado en 2015. En las imágenes publicadas en redes sociales del operativo de captura de los expandilleros se observa a un detenido amputado y personas en silla de ruedas.
Para Crisis Group esto puede desincentivar a aquellos que buscan salirse de esas estructuras. “Según un expandillero que ha permanecido escondido desde que empezó el régimen de excepción, las pandillas están ofreciendo un “perdón” a quienes se fueron si se reincorporan a sus filas”, asegura el documento.
La investigación de la organización internacional, además, prevé que el aumento repentino de encarcelamientos masivos puede traer consecuencias “nefastas” para las cárceles, las cuales se han convertido en un foco de enfermedades, particularmente de tuberculosis, debido al hacinamiento.
Datos de World Prison Brief muestran que hasta el 2002 había un total de 37,190 personas encarceladas en el país, a esto se sumarían los 54,044 que el ministerio de Seguridad asegura haber capturado hasta el 3 de octubre, según consta en su cuenta de Twitter.
Recomendaciones
Crisis Group considera que a pesar de su popularidad, la actual política de mano dura no es una solución prometedora para la lucha contra la violencia de las pandillas a largo plazo, por lo que hace una serie de recomendaciones para los tomadores de decisiones de las políticas públicas de Seguridad.
“Aunque por el momento parece estar casado con la política de “mano dura”, el presidente Bukele todavía tiene la oportunidad de avanzar por un nuevo camino que le ofrezca una salida formal de las pandillas a las miles de personas”, recomienda el estudio.
En primer lugar, señala la necesidad de un enfoque más humano y sostenible para resolver su problema de pandillas. Un elemento esencial de tal política sería la creación de mecanismos para que los pandilleros encarcelados y libres puedan salir de la vida de las maras.
Además, recomienda buscar las formas para liberar a los reclusos (ya sean sospechosos o condenados) con la condición de que participen en programas supervisados de rehabilitación.
“En los últimos años se han presentado en la Asamblea Legislativa del país varios proyectos de ley para crear un plan nacional de rehabilitación, pero ninguno ha prosperado; estos deben reactivarse”, explica.
Según esta organización especialista en resolución de conflictos, la iniciativa de rehabilitación y reintegración debe incluir medidas que promuevan el empleo de expandilleros, con el apoyo de iglesias y la sociedad civil.
Luego señala la necesidad de promover un mecanismo de justicia restaurativa para las víctimas de la violencia. En este punto, aseguran que los (pandilleros deberían), en caso de tenerla, entregar información sobre los miles de desaparecidos que muchas veces terminan en fosas comunes.
Silencio gubernamental
El estudio realizado por Crisis Group se basa en más de 70 entrevistas realizadas a expertos, líderes religiosos, expandilleros, personal de ongs, exasesores gubernamentales, líderes comunitarios, habitantes, trabajadores humanitarios, diplomáticos y académicos, entre noviembre de 2021 y julio de 2022.
“Crisis Group hizo numerosos intentos por conocer la opinión de funcionarios gubernamentales de alto y medio nivel, pero las consultas no recibieron respuesta”, asegura el informe.
Según la organización internacional los habitantes de las zonas bajo control de las pandillas coincidieron en que el enfoque de mano dura del gobierno no es una solución para la delincuencia violenta.
“Algunos dijeron que ahora se sienten menos seguros: por un lado, los delitos menores, generalmente controlados por las pandillas, van en aumento, mientras que, por otro lado, las fuerzas de seguridad maltratan a los jóvenes y se los llevan sin razón”, menciona el estudio.