Los desplazamientos forzados a causa de la violencia han continuado a pesar del régimen de excepción que impulsa el gobierno de Bukele, afirmó Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, durante una entrevista radial.
Montti explicó que este año esa organización ha contabilizado 1,872 víctimas de desplazamiento forzado, 255 son personas en situación de desplazamiento forzado a causa de hechos de la violencia cometidos durante el régimen de excepción.
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Entre las víctimas están mujeres, jefas de hogar que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, entre 0 y 17 años de edad, explicó Montti.
También, se han atendido integrantes de poblaciones vulnerabilizadas, como LGTBIQ, de la cual se han atendido a 28 víctimas.
La especialista enfatizó que más del 70 % de las denuncias involucran a integrantes de las pandillas como los perpetradores de las amenazas que obligan al desplazamiento.
Montti agregó que también hay un incremento de casos en los se menciona a los policías como responsable de los desplazamientos forzados, con un 5.7 %.
En el total de desplazamientos por violencia, algunos son casos que vienen desde el año pasado, pero que las condiciones para que los ciudadanos puedan regresar a sus hogares aún persisten.
“Si vemos el número de desplazados (por violencia) en estos seis meses con relación al año pasado vemos una tendencia bastante similar”, explicó Montti.
Añadió que eso indica que las condiciones que generaban los desplazamientos forzados el año pasado, se mantienen a pesar del control que supuestamente se tienen de parte del Estado en los territorios por el régimen de excepción y sus prórrogas.
Entre los casos atendidos por Cristosal, se encuentran víctimas que han tenido que abandonar sus viviendas porque les están cobrando el pago de la extorsión atrasado. "Hemos encontrado casos de personas que se han desplazado porque les están cobrando la extorsión atrasada", aseguró.
“Son cuatro y cinco meses de extorsión que no la estuvieron pagando y ahora tienen que pagarlo y ante la imposibilidad de hacerlo, reciben una amenaza o hecho que atenta contra su vida y tienen que desplazarse”, expuso Monti.
En otros casos, las víctimas han tenido que irse de sus comunidades porque los pandilleros los han culpabilizado de hacer llamadas anónimas que ha llevado a la captura de otros pandilleros de la zona, agregó.
Estos casos documentados por Cristosal contrastan con las palabras de los funcionarios de Seguridad que aseguran que tienen el control total de los territorios.
“Tomamos el control de nuestros territorios urbanos y rurales, este país nos pertenece. Las estructuras terroristas ya NO tienen cabida en este nuevo El Salvador y sepan que vamos a responder ante cualquier ataque, estamos preparados para defender a los salvadoreños de bien”, aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado 30 de septiembre, a través de su cuenta de Twitter.