Los familiares de los médicos fallecidos a causa del covid-19, durante los momentos más álgidos de la pandemia, aún permanecen a la espera de que el Gobierno cumpla con la entrega de la compensación económica prometida.
Para exigir que se cumpla el ofrecimiento, los parientes del personal médico presentaron ayer una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.
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“Venimos en representación de los familiares de los médicos fallecidos por covid, la demanda presentada este día es porque consideramos que se han vulnerado nuestros derechos”, sostuvo Laura Laínez, quien encabeza el Movimiento de Familiares del Personal de Salud por Covid.
Laínez tiene dos hijas, menores de edad, y su esposo, el neurocirujano Edgardo David Rivas Molina, murió en el Hospital Nacional Rosales tras 16 días de batalla contra el covid-19.
Ella asegura que los médicos fallecidos no han pasado de ser llamados héroes, y que en verdad los han dejado abandonados, mientras sus parientes viven sendas dificultades.
Señaló que “ya existe un documento con el registro de 88 familias que serían beneficiadas y falta el trámite en el Ministerio de Hacienda”, añadió.
La promesa económica
La compensación que esperan los dolientes está contemplada en la ley transitoria aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de septiembre de 2020.
La legislación establece la entrega de $30,000, en concepto de comensación económica, a los familiares del personal de salud fallecido a causa del covid-19.
La referida ley especial (conocida como el decreto 723), en el artículo 5 explica que el dinero será entregado como cantidad de monto único por cada fallecimiento ocurrido que sea acreditado.
“Necesitamos que nos escuchen y ayuden a las familias que estamos en esta situación, es un derecho, no pedimos nada que no sea justo”
Ingrid Dueñas de Barahona, falleció su esposo
Prioriza como beneficiarios a los hijos, el cónyuge o la persona conviviente, padre, madre, abuelos, hermanos, sobrinos y tíos, en ese orden.
Además, esa ley limita a los decesos ocurridos entre el 14 de marzo al 23 de julio del 2020, por lo que solo a 235 familias les corresponde este apoyo, que en total es un monto cercano a 6 millones de dólares.
“Estamos ya a poco más de dos años del fallecimiento de nuestros familiares y no hemos tenido respuesta del Ministerio de Salud, menos del gobierno. Hemos sido invisibles, ellos han sido indiferentes al dolor de nuestras familias, que han sufrido, que no tuvimos un duelo normal, que se nos han violentado nuestros derechos”, sostuvo Telma Ramos de García.
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Ella perdió a su padre durante la pandemia; él era empleado administrativo del Fosalud de San Martín y tenía 16 años de laborar en ese lugar. El deceso ocurrió el 4 de junio de 2020.
Por si la muerte de su padre era poco, su familia debió lidiar con la confusión al momento que le sería entregado el cadáver. La relativa tranquilidad volvió cuando pudieron reconocer el rostro de su padre.
Necesidades
La entrega de esa compensación es urgente, pues muchos de los médicos eran el sostén principal y muchas veces único de sus hogares.
“Hay niños huérfanos, viudas, madres entre los afectados. Además, podemos hablar sobre las afectaciones paralelas que mantienen hasta hoy los parientes, algunos han presentados problemas de salud, psicológicos como depresión y decaimiento”, expuso Ramos.
Ella indicó que la intención del movimiento es que los familiares de médicos fallecidos sean escuchados por el Ministerio de Salud y el Gobierno central, y luego les cumplan los compromisos adquiridos tras el fallecimiento de sus parientes cuando combatían los embates del nuevo coronavirus.
“Nuestros familiares ofrendaron la vida por la población, es un aproximado de 235 familias que esperan la compensación”, enfatizó Ramos.
“Estamos ya a poco más de dos años del fallecimiento de nuestros familiares y no hemos tenido respuesta. Hemos sido invisibles, ellos han sido indiferentes al dolor de nuestras familias, se nos han violentado nuestros derechos”
Telma Ramos de García, perdió a su padre
Ingrid Dueñas de Barahona, quien sufrió la muerte de su esposo, relató que el personal de la PDDH se comprometió agilizar y dar seguimiento al caso.
“Necesitamos que nos escuchen y ayuden a las familias que estamos en esta situación, es un derecho, no pedimos nada que no sea justo”, expuso Dueñas.
Tanto Laínez, Ramos y Dueñas consideran que gran parte del fallecimiento de sus parientes es responsabilidad de las autoridades sanitarias del país, pues cuando se contagiaron con el virus atendían pacientes sin los insumos mínimos de protección.
Además, coinciden en que las pérdidas de sus familiares son irreparables, y los más cercanos aún lo resienten.
La voz segura y la fortaleza de las tres mujeres se corta al recordar a sus parientes y las condiciones en que fallecieron.
“Esta es una de las grandes injusticias, el Gobierno utilizó el término ‘en primera fila’ para captar una gran cantidad de dinero, y de eso no ha entregado un cinco. Es una injusticia, algo inmoral que el Gobierno compre Bitcoin cuando no ha compensado a las víctimas de la pandemia”, comentó José Santos Melara, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que acompañó en la entrega del documente en la PDDH a los parientes de los médicos fallecidos.
Sin respuesta
El Gobierno ha comunicado que ya pagó seguros a familias, sin embargo no ha sido el otorgado por medio del decreto 723.
En julio anterior, consultado sobre el pago del seguro, el ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró en televisión que “desde que se anunció la validez, el inicio del pago del seguro se ha estado cubriendo el seguro a todos estos profesionales que han perdido la vida a causa del covid-19”.
Ese pago sería la póliza de seguro de vida para el personal de salud en primera línea de combate contra el covid-19 , sin embargo, se trata de otro decreto legislativo, el 620, que fue avalado por la Asamblea en abril de 2020.
Esos fondos son diferentes a los establecidos en el decreto 723, según han explicado en reiteradas ocasiones los familiares de los profesionale de la salud fallecidos.