Para cuando allanaron las agencias de COSAVI, la SSF llevaba exactamente tres años de supervisar las actividades de esa cooperativa, y varios ejecutivos ya se habían ido del país. A algunos familiares de ejecutivos fugitivos intentaron capturarlos bajo cargos de ser pandilleros, o al menos les hicieron insinuaciones de que los capturarían bajo el régimen de excepción.